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Supertransporte declara disolución de Ruta del Sol II y convoca a Supersociedades para liquidación

La existencia de presupuestos financieros, jurídicos y administrativos que reportan una situación crítica de la compañía.

Con el propósito de proteger a terceros de buena fe, brindar seguridad jurídica y aprovechar el patrimonio de la sociedad para el cumplimiento de sus obligaciones y evitar el detrimento de los acreedores, la Superintendencia de Transporte, en ejercicio de sus funciones declara la disolución de la sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. y en consecuencia convoca al proceso de liquidación judicial a la compañía en instancia de la Superintendencia de Sociedades

La decisión se fundamentó en dos pilares principales: 1. La imposibilidad de la sociedad para continuar desarrollando su empresa social, la cual está ligada a la suscripción y ejecución del contrato de concesión número 001 de 2015 y; 2. La existencia de presupuestos financieros, jurídicos y administrativos que reportan una situación crítica de la compañía.

La medida relacionada con la disolución de la sociedad se justifica en que la compañía suscribió el 27 de febrero de 2017 con la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI , el acuerdo de terminación y liquidación del contrato de concesión número 001 de 2015. En atención a ello, a partir de la celebración de dicho acuerdo, la sociedad quedó imposibilitada de desarrollar su empresa social.

En cuanto a la medida relacionada con convocar a la compañía al proceso de liquidación judicial, en instancias jurisdiccionales de la Superintendencia de Sociedades, se justifica debido a que los aspectos de orden financiero, jurídico y administrativo, denotan una situación crítica de la sociedad, lo cual, sumado a la imposibilidad de desarrollar su empresa social, implica que la misma está avocada a extinguirse.

La decisión tiene como propósitos principales brindar seguridad jurídica en el mercado para promover la estabilidad y crecimiento económico, obtener el máximo valor posible de los bienes del deudor a favor de los terceros de buena fe, lograr el tratamiento de manera equitativa a los acreedores, mediante una solución oportuna, eficiente e imparcial de la situación soportada por la compañía, y la preservación del patrimonio para que pueda efectuarse una distribución equitativa entre los acreedores, el reconocimiento de sus derechos y el establecimiento de reglas claras para determinar el grado de prelación de los mismos.

 

*Comunicado del Ministerio de Transporte

El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en relación con los trámites referidos a los pagos, a terceros de buena fe, en el marco del Contrato de Concesión de la Ruta del Sol, Sector 2, se permite comunicar que:

El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se encuentran adelantando un proceso de revisión de un posible acuerdo conciliatorio que sea favorable para las finanzas del Estado, en función de la Sentencia de la Corte Constitucional que condicionó la aplicación del artículo 20 de la Ley 1882, priorizando el pago a terceros de buena fe, como lo son las entidades financieras Itaú, Bancolombia, Davivienda, Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Popular y Banco AV Villas, en el Contrato de Concesión de la Ruta del Sol, sector 2.

Se están desarrollando mesas de trabajo que a la fecha no se han cerrado por discrepancias en relación con las condiciones del pago, y en caso de que se llegue a un acuerdo antes del 6 de agosto de 2019, día previsto para la emisión del laudo dentro del proceso, dicho acuerdo deberá presentarse ante el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Se advierte a su vez, que de presentarse ante el Tribunal el acuerdo deberá contar con previo concepto favorable de la Procuraduría General de la Nación y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que finalmente sea aprobado por los árbitros del mencionado tribunal, quienes deberán evaluar, entre otras condiciones, si la conciliación garantiza la protección al patrimonio público.

El Gobierno Nacional trabaja en la mejor alternativa, que propenda por el resguardo de los intereses del Estado y de los colombianos. En ese sentido el Estado estaría ahorrando una cifra cercana a los $230.000 millones ya que los bancos han expresado su intención de renunciar a los intereses que se han causado hasta la fecha.

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