Judiciales

Por corruptos Corte Suprema de Justicia condena a dos jueces de Barranquilla

Son Abelardo Andrade Meriño y Clara María Zabala Torres. El primero está preso por otro proceso.

El tema de la corrupción judicial de la que tanto se habla en el país acaba de tener un capítulo en Barranquilla, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a los jueces Abelardo Andrade Meriño, titular del juzgado 22 civil municipal; y a Clara María Zabala Torres, del juzgado 11 del circuito, ambos de esta ciudad.

Los halló penalmente responsables de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción.

A Andrade Meriño le impuso una pena de 160 meses de prisión (13 años 3 meses), con multa por 3.115 millones 954 mil pesos.

En cuanto a Zabala Torres la sentencia es también por 160 meses de cárcel, más multa de 3.521 millones 121 mil pesos.

Los magistrados negaron tajantemente en el punto cuarto de la sentencia la posibilidad de la prisión domiciliaria contra los dos jueces, por lo que deben purgar cárcel.

En el caso de Abelardo Andrade Meriño este se encuentra preso en la cárcel de Sabanalarga por otro proceso distinto.

En tanto la doctora Clara María Zabala Torres goza de pensión de jubilación, pero la Corte ordenó la captura.

En la decisión el máximo tribunal de justicia en lo penal señala en uno de sus apartes: “Esta claro que los jueces aludidos en esta sentencia (Andrade y Zabala), en una decisión manifiestamente ilegal de una acción de tutela en primera y segunda instancia, se apropiaron en favor de un tercero de dineros que correspondían a una entidad oficial”.

La historia de esta condena, inusual en el medio local, se origina en un fallo de tutela contra la Dian por parte de estos dos jueces.

Todo comenzó cuando el 22 de marzo del 2011 la sociedad Reciclajes Generales de Colombia S.A.S, presentó por fuera de los términos legales ante la Dian la declaración de impuestos sobre ventas del primer semestre de ese año.

En los documentos le dijo a la entidad que tenía un saldo a favor del orden de los 3.072 millones 866 mil pesos, y que por tanto le fueran entregados.

La Dian se negó a aceptar la petición de la empresa de reciclajes por irregularidades en la declaración; y en cambio la sancionó monetariamente por 4.916 millones 586 mil pesos.

La respuesta de Reciclajes Generales de Colombia S.A.S fue acudir a la figura de la tutela para que le revocaran la sanción y le restituyeran el saldo a favor que venían reclamando.

Esta solicitud de amparo fue fallada en contra de la Dian y a favor de Reciclajes, por Abelardo Andrade Meriño, a la sazón juez 22 civil municipal.

Dicha tutela fue impugnada por la Dian, y el proceso cayó en el despacho de Clara María Zabala Torres, quien estaba al frente del juzgado 11 civil del circuito.

La juez confirmó la decisión de su colega Andrade Meriño, y le agregó una perlita: que la Dian estaba en la obligación de pagar a Reciclajes intereses sobre la plata que estaba reclamando.

El caso llegó luego a revisión a la Corte Constitucional, que mediante fallo del 28 de enero del 2013 tumbó las decisiones de Abelardo Andrade Meriño y Clara Zabala Torres.

Con este respaldo la Dian denunció penalmente a los dos jueces, y la investigación la abrió la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla, que los llevó a juicio ante la Sala Penal de esa misma corporación.

Los magistrados barranquilleros de primera instancia absolvieron a Andrade y Zabala; pero la Dian y la Fiscalía Tercera apelaron ante la Corte Suprema de Justicia, que es la que produce ahora esta sentencia condenatoria.

El juez 22 civil municipal Abelardo Andrade Meriño permanece detenido en la cárcel de Sabanalarga purgando una sentencia de 10 años de cárcel también condenado por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación.

El caso tiene que ver con una decisión suya para que el entonces Seguro Social pagara 329 millones de pesos a una IPS que no existía, para lo cual se apoyaron en facturas falsas.

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