Las fuerzas políticas con representación en el Congreso decidieron aplazar hasta el año entrante la discusión del proyecto de ley que pretende renovar el sector de las tics.
Lo que empezó siendo una petición de un sector de la opinión pública se transformó en consenso: la necesidad de llevar al debate a otros escenarios de discusión con el fin de despejar dudas y fortalecer el proyecto.
En ese contexto se dio el anuncio de que serían convocadas audiencias públicas, con participación de expertos y ciudadanos, promovida en su momento por el senador Antanas Mockus y compartida por otros congresistas como el barranquillero liberal Mauricio Gómez Amín.
Este último consideró que las audiencias públicas son saludables para el proyecto, pues van a permitir que varias incógnitas sean resueltas. De esa forma, dijo, la iniciativa estará más robustecida cuando se reanude su andadura en el Congreso.
Las principales críticas al proyecto son, básicamente, tres: creación de una comisión de regulación en la que el gobierno tendría la mayoría de los asientos, financiación de la televisión pública y la duración de la licencia que deben adquirir canales privados para emitir su señal.
¿Autoritarismo?
Tras conocer el articulado, las bancadas de oposición en el Congreso advirtieron que este proponía la eliminación de la Autoridad Nacional de Televisión (Antv) y convertir a la Comisión de Regulación de Comunicaciones en la Comisión de Comunicaciones, la cual tendría entre sus tareas la entrega de licencias para televisión, vigilar contenidos y financiar la televisión pública.
Además, esta entidad tendría 5 administradores: dos nombrados por el presidente y 3 surgidos de las universidades y la sociedad civil. La aparente concentración de poder en manos del mandatario ha causado polémica. Para el senador y guionista televisivo Gustavo Bolívar, “el gobierno lo que pretende es hacerse al control de un ente que siempre tuvo autonomía. Los medios estatales son del Estado, pero no debe tener injerencia el presidente”.
Jorge Peñaloza, profesor de televisión de la Universidad Autónoma del Caribe, opinó que no está clara la representación de los canales públicos en la nueva entidad a través de dos delegados, como lo estipula el proyecto, lo cual podría afectar la autonomía a la hora de conformar la parrilla. “Al final serían tres contra dos y el gobierno decidiría no solo las transferencias a las regiones, sino los contenidos. Habría gran poder de decisión final en manos del presidente”, dijo.
Sin embargo, el senador Gómez Amín aseguró que el gobierno no ha mostrado intención de imponerse y que muestra de ello es que estuvo de acuerdo en replantear el proyecto. “No estamos en una dictadura, esto no es Venezuela. Por eso convocamos las audiencias públicas”, explicó.
Financiación y licencia
En manos de la Comisión de Comunicaciones quedaría también el giro de los dineros que sostienen a los canales públicos. En la actualidad, el sistema opera con la Antv, por un lado, encargada de garantizar la financiación de la televisión estatal; por el otro, el Ministerio de las Tics se encarga de las nuevas tecnologías.
Este último sector se nutre de los impuestos que pagan las empresas de telefonía, mientras que los dineros que abastecen a los canales públicos provienen de tributos que pesan sobre sus pares privados.
El sistema de financiación de los canales públicos, según algunos observadores, podría desequilibrarse teniendo en cuenta que el proyecto de ley contempla aumentar, de 10 a 20 años, la duración de la licencia que deben pagar los privados para hacer uso del espectro electromagnético.
A mediados de enero tanto RCN como Caracol deben renovar el permiso, previo pago de aproximadamente 130.000 millones de pesos de los que sale un porcentaje para los canales públicos. Una licencia de 20 años rompería la frecuencia con que esos dineros son desembolsados, y según algunas voces críticas no está se vislumbra una alternativa de financiación.
Si bien el senador Gómez Amín ha dicho que este asunto será estudiado a fondo y que hay propuestas concretas para no alterar la financiación de los públicos, Gustavo Bolívar advirtió que podría configurarse un detrimento en caso de que la duración de la licencia se prolongue.
Por su parte, Peñaloza comentó que en este punto se nota la influencia de los canales privados. “Parece que el gobierno estuviera construyendo un proyecto a la medida. Esa era la discusión de RCN Y Caracol cuando no dijeron que no veían el negocio a 10 años. El problema es cuál es el beneficio para la televisión pública si se alarga duración de la concesión”.
Los entrevistados coincidieron en que es necesaria una reforma que ponga en sintonía a las nuevas tecnologías y a la televisión de Colombia con el mundo contemporáneo, en aras de darle más competitividad a un sector regido todavía por normas desfasadas. ¿Servirán las audiencias públicas como panacea? Solo el tiempo lo dirá.