Se trataría de presuntos casos de corrupción que se habrían cometido durante el gobierno de José Antonio Segebre y los cuales tendrían la lupa de las autoridades judiciales y los ojos de las veedurías ciudadanas en el departamento del Atlántico.
¿Plagio en diseños?
La Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, estaría investigando la presunta comisión del delito de apropiación intelectual de los diseños presentados por el denunciante, para la construcción de dos estaciones de Policía; en los municipios de Galapa y Santo Tomás, por un valor de 11 mil millones de pesos.
Según conoció este medio de comunicación, la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, trabaja el proceso en contra del ex mandatario Segebre, el cual está con el radicado número 110016000102201500255.
El afectado en este caso, adjuntó los documentos que probarían que los diseños con los que se contrataron y ejecutaron las obras a través de la firma Unión Temporal Plan Nacional Atlántico por un monto de 11 mil millones de pesos, son de su propiedad intelectual, por lo que ha denunciado que al interior de la administración de José Antonio Segebre se habrían apropiado irregularmente de su obra, de sus diseños, afectándolo patrimonialmente.
Es decir, que el denunciante presentó unos diseños para la construcción de las estaciones, las cuales no fueron contratadas con su firma, sino que se habrían usado para que las construyera otra compañía (Unión Temporal Plan Nacional Atlántico), lo cual, de comprobarse, estaría infringiendo la normativa legal vigente en torno a la propiedad intelectual.
Los CDI que no se habrían construido
Otro de los asuntos que podría poner a Segebre contra las cuerdas, son las presuntas irregularidades cometidas en la contratación firmada para la construcción de 20 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en diferentes municipios del Atlántico, de los cuales dos habrían quedado ‘embolatados’, porque nunca se hicieron, a pesar de que sí se desembolsaron los dineros.
Cada CDI, tenía un costo contratado de $3 mil millones, por lo cual sin cambiar ninguna norma en la contratación inicial y sin modificar el contenido de las obras, se esfumaron $6 mil millones, que corresponde a los CDI que se habrían dejado de construir.
Por esta situación, hay un proceso abierto en la Fiscalía, por una denuncia interpuesta a través de veedurías ciudadanas, que rechazaron estos presuntos actos de corrupción y que ahora están pendientes de lo que se decida en los estrados judiciales.
Las canoas que se ahogaron
Los presuntos actos de corrupción que están siendo investigados por las autoridades competentes son varios. Uno de los más sonados, es el de la contratación para la compra de 200 canoas que iban a ser donadas a igual número de pescadores artesanales del Atlántico, las cuales nunca aparecieron ni se entregaron.
La Fiscalía determinó en las primeras indagaciones que de las 200 canoas, se entregaron muy pocas y en pésimas condiciones, siendo que el contrato preveía que las embarcaciones tuvieran una duración de al menos 15 años.
El contrato fue adjudicado a la Fundación para el Desarrollo del Caribe (Fudesca) por un valor de $1.000 millones, dinero que no se sabe a dónde fue a parar, ya que las canoas jamás fueron entregadas y los pescadores se quedaron con las ganas de estrenarlas.
De acuerdo con la Fiscalía, para justificar el desembolso de los recursos, se habría acudido a presuntas prácticas irregulares como la posible falsificación de actas de entrega de las canoas.
Por esta situación, algunos funcionarios de la administración departamental de José Antonio Segebre, están siendo investigados, lo que podría llevar a que en cualquier momento se registre un fallo en cualquier sentido.