Este lunes, un grupo de delegados del gobierno de Santos y las Farc que participaron en la realización del proceso de paz, enviaron una carta a la ONU, debido a las objeciones presentadas por el gobierno del actual presidente, Iván Duque Márquez.
Según el documento compartido por el senador, Antana Mockus, el gobierno “estaría persistiendo en formular nuevos obstáculos, o intentando revivir debates ya superados en el trámite legislativo de las normas que deben regular el funcionamiento de la JEP”.
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“Esto es especialmente preocupante porque buena parte de las objeciones que se han venido esgrimiendo están orientadas a desconocer decisiones que la Corte Constitucional tomó el año pasado sobre esa ley. En otras palabras, recurriendo a la figura de la objeción por inconveniencia, se pretende desconocer la decisión a través de la cual la Corte declaró constitucionales algunas normas de la ley, con la condición de que fueran interpretadas en la forma como la propia sentencia indica”, expresaba la comunicación.
Entre los exnegociadores que firmaron la misiva, se encuentra Humberto de la Calle, exjefe del equipo de paz; María Ángela Holguín, exnegociadora de paz; Rodrigo Londoño Echeverri, presidente del partido FARC, víctimas del conflicto armado, académicos, congresistas, periodistas, entre otros.
Asimismo, los delegados pidieron al secretario de las Naciones Unidas, Antonio Gutierrez que para lograr que los responsables de crímenes de lesa humanidad, de guerra, y, en general, de graves violaciones a los derechos humanos, la Jurisdicción Especial para la Paz, debe iniciar su funcionamiento.
“La JEP debe contar con todas las herramientas institucionales, financieras y legales que necesite de acuerdo con la envergadura de su tarea. De no ser así, habría riesgos para el pleno ejercicio de sus competencias y podrían presentarse escenarios en que la falta de herramientas jurídicas favorezca la impunidad y limite la garantía de los derechos de las víctimas”, asevera la carta.