Política

Consejo de Estado no avaló demanda contra elección de César Lorduy

En el mes de abril Romeo Pérez Ortiz demandó elección del congresista por ser miembro de juntas directivas en diferentes entidades en el Atlántico.

El Consejo de Estado no avaló la demanda que cursaba en contra del representante de la Cámara por el Atlántico, César Lorduy, que buscaba inhabilitarlo por estar supuestamente vinculado a seis cargos en juntas directivas en entidades públicas del Estado en el departamento.

Lo anterior, porque el 30 de abril de 2018 el ciudadano Romeo Edinson Pérez Ortiz demandó la elección argumentando que Lorduy era miembro activo de dichas juntas directivas.

Las corporaciones en las que participaba el actual congresista eran: Cámara de Comercio de Barranquilla, Andi – Barranquilla, Asoportuaria, Universidad de la Costa – CUC, Corporación Autónoma Regional del Atlántico y Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe CEEC – Puerta de Oro (actualmente la sociedad Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe S.A.S.)

Según el demandante, los periodos en dichas juntas coincidían y se cruzaban con la inscripción y elección de Lorduy Maldonado como representante a la Cámara por el Atlántico, y que además en esos cargos ejercía funciones públicas con autoridad civil y administrativa con ocasión de su participación en dichos consejos o juntas directivas.

Sin embargo, el Consejo de Estado consideró negar las pretensiones de la demanda de nulidad electoral dado que la Universidad del Atlántico, Cámara de Comercio de Barranquilla, Andi, Asoportuaria, Universidad de la Costa – CUC, Corporación Autónoma Regional del Atlántico, y la sociedad Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe S.A.S., por su naturaleza jurídica, no son corporaciones públicas.

La Universidad del Atlántico es un ente universitario autónomo de carácter público y la sociedad Puerta de Oro es de economía mixta, por lo que ninguna de las anteriores puede considerarse como una corporación pública en atención a su naturaleza jurídica, resolvió el Consejo de Estado.

“Como ya se explicó en esta providencia, ninguna de dichas designaciones le otorgó el carácter de empleado público, ni estas, a la luz del artículo 123 de la C.P., lo convirtieron en un trabajador oficial, pues no se trata de vinculaciones con entidades estatales surgidas a partir de un contrato de trabajo”, mencionó el Consejo.

Lorduy Maldonado ha dicho ser víctima de persecuciones, “tanto como si le estuviera quitando algo a alguien que le pertenecia”. Añadió que se siente complacido con la decisión y que tiene la mente puesta en la agenda legislativa del año entrante.

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